Convenio Internacional sobre el Trabajo Marítimo, 2006 (MLC-2006)

El Convenio Internacional sobre el Trabajo Marítimo, 2006 (MLC-2006), de la Organización Internacional del Trabajo entra en vigor en España el 20 de agosto del 2013. Las Administraciones y los armadores deben asegurar el cumplimiento de todos los requisitos, tanto de contenido como formales y documentales exigidos por el Convenio MLC-2006, ya que los buques de pabellón español y extranjero serán objeto de inspecciones por el mecanismo de Control por el Estado del Puerto (Port State Control, PSC) y, en caso de incumplimiento grave, pueden dar lugar a la detención del buque en puerto español. Adjuntamos el artículo publicado en el Diario Marítimas.

Marítimas, 15.03.2013

¿Qué es el Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (PICCMA)?

Los puertos disponen de un Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, aprobado por el Consejo de Administración de la correspondiente Autoridad Portuaria, que prevé una activación y respuesta ante una contingencia contra la contaminación marina accidental, dando así cumplimiento a los requisitos legales en materia de lucha de la contaminación marina, terrestre y atmosférica, en las zonas de servicio del puerto, con objeto de gestionar riesgo asociado a la actividad portuaria y la planificación de emergencias, así como de minimizar las consecuencias sobre las personas, el medio ambiente y las instalaciones portuarias.

El abanico de sustancias cuyo vertido accidental es nocivo, persistente o flotante es tan amplio que casi todos los implicados en operaciones de carga, descarga y manipulación de este tipo de productos deberán contar desde el 1 de enero de 2014 con un Plan de Contingencia.

¿Es necesaria la solicitud de escala y asignación de atraque de buques y yates?

Mientras que la orden del Ministerio competente exonera a los barcos de placer de la solicitud de escala y asignación de atraque, la Autoridad Portuaria de Barcelona ha regulado que los buques, sin excepción, de más de 500 GT o con más de 45 metros de eslora deben solicitar escala mediante el correspondiente DUE, a través del consignatario, naviero o Capitán, entre 72 y 24 horas antes de la llegada, dependiendo de la bandera del buque.

¿Es necesario contratar un Abogado para pleitear en España?

La Ley exige que toda persona esté asistida por un abogado en los procesos judiciales en los cuales forme parte. Si bien hay ciertas excepciones como reclamaciones de cantidad por debajo de 2.000 € o reclamaciones laborales en primera instancia, es recomendable la asistencia profesional de modo de garantizar seguridad a los intereses particulares del interesado.

¿Bajo que figura contrato los servicios del Abogado?

De acuerdo con las necesidades e intereses de los clientes, nuestro despacho puede suscribir acuerdos de prestación de servicios profesionales especializados: (1) Por caso o gestión puntual. (2) Por retainer o fee mensual. (3) por hora efectiva de trabajo.

Los Abogados de este despacho tienen suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional con la compañía CASER y con las condiciones y coberturas siguientes: cobertura amplia, a través del seguro suscrito por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con un total asegurado de 400.000 € y con una franquicia de 100€.

¿Existen tarifarios por los servicios del Abogado?

No, en España existe la libre fijación de honorarios entre Abogado y cliente. Cada caso es especial y tiene sus propias particularidades, por lo tanto el cliente y el despacho definen de mutuo acuerdo las tarifas de honorarios y la forma de pago.

Para la determinación de honorarios derivados de procedimientos judiciales en cualquier orden jurisdiccional, existen unas escalas para su cálculo que encontrará en nuestro apartado de “Servicios-Honorarios” y que han sido publicadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Cuando sea razonablemente previsible que los honorarios profesionales excederán una cuarta parte del interés económico del asunto o litigio, el Abogado deberá advertirlo a su cliente.

¿Es necesario Procurador para pleitear en España?

Además del Abogado, en España es imperativo el Procurador en la mayoría de acciones judiciales. No es necesario si se acude a la jurisdicción social en primera instancia, a los órganos unipersonales de la jurisdicción contenciosa-administrativa o en la jurisdicción penal en los juicios de falta, o antes de la apertura de juicio oral para el imputado.

Los honorarios (Aranceles) del Procurador vienen regulados de una manera objetiva y verificable en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de Noviembre, modificado por el Real Decreto 1/2006, de 13 de Enero.

Protección de datos de clientes de Abogados

La documentación que se tiene de un cliente puede conservarse mientras dure el encargo o encargos, y después se debe devolver al cliente. Tratándose de resoluciones judiciales y documentos importantes y de trascendencia deben estar controlados y guardados con las garantías que exige la Ley de Protección de datos.

¿Cuál es la autoridad competente en un puerto estatal?

La gestión de los puertos de interés general se atribuye a las Autoridades Portuarias. Se trata de entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y sujetas al ordenamiento jurídico privado, excepto en el ejercicio de potestades públicas, y dependen del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado. La gestión de los puertos de interés general está atribuida a las 28 Autoridades Portuarias existentes.

El régimen aplicable a la contratación de estos organismos público portuarios, está sujeto, cuando resulte aplicable, a la Ley 30/2007 (actualmente, el Real Decreto Legislativo 3/2011), a la Ley 31/2007 y a las Instrucciones de contratación aprobadas por el Ministerio de Fomento.

¿Qué actividades se realizan en el dominio público portuario y con qué títulos?

En el dominio público portuario solo está permitida la realización de actividades, instalaciones y construcciones que sean conformes con los servicios de señalización marítima y con los siguientes usos portuarios: usos comerciales, usos pesqueros, usos náuticos deportivos y usos auxiliares o complementarios.

Queda sujeta a autorización o concesión demanial de la Autoridad Portuaria la ocupación del dominio público portuario.

¿Qué son las tasas portuarias?

Las tasas portuarias constituyen una de las principales fuentes de ingresos del sistema portuario estatal, cuyo régimen económico se fundamente en el principio de autosuficiencia económica.

El régimen jurídico aplicable a las tasas portuarias viene determinado por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y, supletoriamente, por la Ley de Tasas y Precios Públicos y por la Ley General Tributaria, así como por sus respectivas normas reglamentarias de desarrollo. Ello no obsta para que, en los términos establecidos la norma, cada Autoridad Portuaria pueda fijar para el puerto que gestiona, coeficientes correctores y bonificaciones aplicables a ciertas tasas.

¿Cuál es la Administración marítima?

Hay que distinguir entre la Administración marítima central (Ministerio de Fomento, que ejerce las funciones que se le encomiendan, principalmente, a través de la Dirección General de la Marina Mercante; y, con una actuación más delimitada, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos) y la de carácter periférico (Capitanías Marítimas, que están establecidas en determinados puertos o grupos de puertos). Sus principales competencias son las de registro y abanderamiento de buques civiles, certificación e inspección de buques civiles, otorgamiento de concesiones o autorizaciones para la navegación marítima, la seguridad de la vida humana en el mar, el salvamento de vidas humanas y la lucha contra la contaminación.

La entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), adscrita al Ministerio de Fomento, tiene por objeto la prestación del servicio público de salvamento de la vida humana en el mar, la prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, la prestación de servicios de ayuda a la navegación marítima y de remolque y asistencia a buques.

¿Existe régimen de policía en los puertos y régimen sancionador?

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante regula el régimen de policía, incluyendo, como parte fundamental, el régimen sancionador, y dota al Ministerio de Fomento, a través de las Autoridades Portuarias y Capitanías Marítimas, de amplias facultades para adoptar frente a los buques aquellas medidas que pudieren considerarse necesarias ante el riesgo o la efectiva vulneración de la seguridad marítima o de la lucha contra la contaminación.

Las funciones de Policía administrativa en los puertos estatales están atribuidas a las Autoridades Portuarias, y son ejercidas a través de la Policía Portuaria en la forma que determina el Reglamento de Explotación y Policía aplicable al correspondiente puerto.

¿Puedo pedir responsabilidades a los puertos?

Cuando el sujeto que causa el daño es una Administración Pública hablamos de responsabilidad patrimonial de la Administración; surge sin que exista contrato.

Las diferencias entre responsabilidad extracontractual (privada) y responsabilidad patrimonial (pública, de la Administración) se deben a que en el Código Civil, cuando se regulan las relaciones de Derecho privado, la responsabilidad sólo se podrá exigir si media culpa o negligencia, mientras que en la responsabilidad patrimonial de la Administración se exige un resultado dañoso con independencia de que haya existido o no esa culpa o esa negligencia.

Se origina la responsabilidad patrimonial de la Administración portuaria y marítima por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en el sentido establecido en el artículo 106 de la Constitución Española “los administrados tendrán derecho a ser indemnizados”. El daño se origina por el funcionamiento de un servicio público gestionado por la administración competente del puerto en cuestión.